Recientemente, el periodista colombiano Antonio Caballero, un gran visir del “socialismo de champaña” nacional, escribió que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos “no ha cedido prácticamente en nada ante las FARC en las negociaciones de La Habana”, entre otras cosas porque “el modelo económico capitalista y neoliberal” del país permanece intacto.

Caballero y sus semejantes insisten en catalogar a la economía del país como “neoliberal” y “capitalista” pese a que toda la evidencia indica lo contrario. Nada que se asemeje al libre mercado existe en Colombia, donde el Estado le cobra a las compañías un impuesto de 70%sobre sus ganancias, mucho más que las “repúblicas” abiertamente socialistas de China y Venezuela.

En respuesta a Caballero, he formulado una lista inicial de los siete impuestos más absurdos que deben pagar los ciudadanos colombianos, impuestos que cualquier país capitalista que se respete nunca hubiera creado o hubiera eliminado hace años. Admito, sin embargo, que esta es una mera síntesis.

En junio, la periodista María Isabel Rueda reveló sus simpatías libertarias al publicar una lista de 62 impuestos nacionales y municipales que se cobran actualmente; un extravagante surtido que demuestra la naturaleza opresiva del hipertrofiado sistema tributario colombiano.

Mi versión, limitada, excluye, simplemente porque también existen en otros países, absurdos obvios, como el creciente impuesto predial y el IVA, el cual subirá este año de 16% a 19%.

1. El “4 x 1.000”

Este es el prototípico impuesto “temporal” que, de manera inevitable, se vuelve permanente. El cargo de 0,4% sobre todas las transacciones financieras  —incluyendo los retiros de cajeros automáticos antes de que se introdujeran ciertas exenciones— fue creado por el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) en medio de una crisis económica.

En vez de ser transitorio, este impuesto se incrementó con el tiempo; originalmente, su tasa era del 0,2%. Según una reciente reforma tributaria, el impuesto del 4 x 1.000 será eliminado en 2022. Pero nadie se debe sorprender si el impuesto luego es reemplazado por algún otro igualmente absurdo. Ese es el modus operandi del Gobierno colombiano (ver # 2).

2. Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)

Este impuesto del 9% sobre los ingresos se creó en 2013, después de que el Gobierno redujera el Impuesto Sobre la Renta tradicional de 33% a 25%. Este cambio ha podido ayudar al Gobierno de Santos a ascender algunas posiciones en el escalafón Doing Business  —según entiendo, esta es una obsesión del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas— que únicamente considera el Impuesto Sobre la Renta. No obstante, las empresas legalmente constituidas terminaron pagándole al Estado 34% de sus ganancias sólo con impuestos sobre la renta.

Ya sea por inocencia o malicia, la autoridad fiscal (DIAN) afirma que el CREE se instauró “en beneficio de los trabajadores (y) la generación de empleo”, como si el Gobierno pudiera crear puestos productivos al quitarles dinero a los emprendedores, los verdaderos generadores de empleo en el país.

3. Impuesto de Valorización

Si a usted le gusta que el Gobierno local le cobre varias veces por proyectos de infraestructura que ni siquiera puede completar, entonces este debe ser su impuesto predilecto. De manera abiertamente keynesiana, la ley colombiana declara que el impuesto de valorización por obras públicas:

permitirá incrementar notoriamente la ejecución de obras de indiscutible beneficio social y económico y la apertura de nuevos frentes de trabajo, con el consiguiente aumento de ocupación…

El tamaño de este disparate es aterrador. En primer lugar, si se tratara de crear empleo por medio de obras públicas, ¿por qué no abrir huecos por toda la sabana de Bogotá para inmediatamente taparlos — sin excavadora —  y abrirlos de nuevo?

Pero el Impuesto a la Valorización es especialmente ridículo porque los dueños de propiedad raíz ya están sujetos a la plusvalía, la cual se cobra cuando “se ha dado un incremento en el precio del suelo, como resultado de acciones urbanísticas que modifican su utilización  o incrementan su aprovechamiento”. Y el impuesto predial anual también sube según la apreciación de la propiedad como resultado de obras públicas, por lo menos de acuerdo a los improcedentes cálculos del Gobierno.

Es decir, el Estado les está cobrando a los propietarios dos o tres veces por los mismos proyectos de infraestructura que ya financian con sus otros impuestos. Pero la valorización es especialmente arbitraria: ¿cómo puede el Gobierno local determinar con exactitud cuáles residentes de una zona cercana a una obra pública se benefician de dicha obra y cuáles no? Y, en la práctica, este impuesto conlleva a abusos de todo tipo.

El año pasado, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) anunció que, misteriosamente, los costos de un túnel en el norte de la ciudad (calle 94 con NQS) se habían incrementado en 300% en la mitad de la obra. Y los burócratas tuvieron la temeridad de afirmar que podrían cobrarles una nueva valorización a los residentes de la zona, quienes ya la habían pagado una vez.

Los recaudadores de impuestos colombianos se han vuelto comparables a los godos que, en la obra de Shakespeare, “avanzan hacia Roma, ávidos de botín”.

4. Impuestos sobre el Licor

Si usted trabaja importando licor hacia Colombia, el Estado lo obliga a operar como si vendiera sus productos en 32 países distintos y altamente proteccionistas (Colombia está dividida en 32 departamentos o regiones administrativas). La razón: todo departamento cobra por una “estampilla” que debe llevar cada botella para ser vendida dentro de sus límites.

Como explica el periodista Juan Esteban Lewin, cada gobernador departamental controla completamente las ventas de licor, pues él determina “los requisitos para que los licores entren a un departamento… y le deja al departamento el monopolio para producirlo en su territorio”. Esto quiere decir que los gobernadores “pueden poner cualquier traba o requisito” para la venta de todo licor que no sea el departamental.

Los gobernadores también pueden elegir “sin restricción a quiénes pueden comercializar los licores que produce” el departamento, ya sea “directamente o a través de un tercero”. Y, como si esto no fuera suficiente, los impuestos sobre los licores están diseñados para proteger a los monopolios departamentales de la competencia foránea; las bebidas alcohólicas que contienen un grado de alcohol mayor al 35% pagan más del doble en impuestos que las bebidas que contienen menos que esa cantidad.

“Y resulta que todos los productos nacionales tienen menos de 35 grados”, escribe Lewin, “mientras que la mayoría de importados tienen más de 35”.

Aunque el Gobierno de Santos, bajo presión de la OCDE, intentó reformar las normas licoreras el año pasado para reducir los impuestos sobre los licores extranjeros y para limitar el poder de los monopolios departamentales, sus medidas fracasaron en el Congreso con 93 votos en contra y ninguno a favor.

Sin duda alguna, esta derrota se dio porque los monopolios del licor son una fuente principal de los ingresos departamentales y de las campañas de los politicastros de las regiones. Naturalmente, también son una fuente constante de corrupción.

5. Registro Mercantil

Aunque las cámaras de Comercio colombianas no forman parte del Estado oficialmente, sí les exigen a las empresas un cobro anual obligatorio que es un impuesto de facto.

De hecho, el Código de Comercio obliga a toda empresa nueva a matricularse en el Registro Mercantil que controlan las cámaras de Comercio y a renovar anualmente su inscripción. La matrícula inicial tiene un costo relacionado al rango de activos de la empresa, y el precio de la renovación anual depende de su balance al final del año anterior.

Esto es como si el Estado obligara a cada ciudadano a pagar anualmente un monto considerable en términos colombianos para renovar su cédula de ciudadanía. En términos prácticos, la inscripción de un negocio con las autoridades requiere un mero registro digital, no una Cámara de Comercio con varias sedes palaciegas a través de Bogotá.

Reconozco que la Cámara de Comercio de Bogotá hace un excelente trabajo en ciertos campos, por ejemplo al brindar información legal y sugerencias útiles para emprendedores aspirantes o actuales. Sus servicios de arbitraje y conciliación son particularmente laudables ya que se han vuelto una valiosísima alternativa al ineficiente sistema legal colombiano. Y durante la última campaña a la alcaldía de Bogotá, la Cámara organizó una serie de debates acerca de temas fundamentales, a los cuales siempre invitaron a los candidatos independientes, incluyendo al suscrito, por lo cual estoy muy agradecido.

No obstante, la afiliación a la Cámara de Comercio debería ser voluntaria, y a las empresas no se les debería cobrar simplemente por registrarse con las autoridades. Y el Registro Mercantil debería exigirse una sola vez, para no desperdiciar el tiempo ni el dinero de los emprendedores.

6. Ganancias ocasionales

Este es un impuesto del 10% sobre las ganancias que “grava la utilidad en venta de activos fijos poseídos durante dos años o más”, como escribe el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Como de costumbre, tanto el Gobierno como la legión de comentaristas se han coronado con laureles porque la última reforma tributaria redujo la tasa de este impuesto, el cual anteriormente podía llegar a 33%.

Pero no se dan cuenta de que el impuesto en sí, el cual también aplica “a los ingresos provenientes de herencias, legados (y) donaciones”, es del todo innecesario y debería ser eliminado. Esto, de hecho, fue precisamente lo que sucedió en Noruega, Suecia, Portugal y 10 otros países que, desde el año 2000, han abolido los impuestos sobre la herencia y los legados.

Como reporta la fundación taxfoundation.org, “inclusive los Gobiernos que quieren altos niveles de recaudación para robustos programas de bienestar social consideran que los impuestos sobre la herencia no son una fuente de recaudo eficaz”. Lo único que hacen dichos impuestos, de hecho, es fomentar la evasión y el exilio tributario.

7. Impuesto Sobre el Consumo

Este impuesto, introducido en 2013, es adicional al IVA cuando aplica a las ventas de servicios de telefonía móvil o de muebles, vehículos, motocicletas y lanchas. Para el Gobierno, el consumo es una actividad que debe ser castigada.

Los restaurantes y las panaderías también deben pagar este impuesto con una tasa del 8%, lo cual los exime del IVA.

Aunque la transición del IVA al impuesto sobre el consumo ha sido presentado como un cobro al “lujo” que beneficia a ciertas industrias, sólo habría un alivio real si el Gobierno colombiano siguiera el buen ejemplo de Hong Kong y eliminara del todo tanto el IVA como todo otro Impuesto Sobre las Ventas.

Afortunadamente, el camarada Caballero ya puede tirar la toalla en su lucha por crear una república socialista en Colombia sin deshonra alguna. Con los niveles actuales de tributación y la absurdidad de los impuestos individuales, el socialismo se estableció hace mucho tiempo.

Tomado de  es.panampost.com