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Con la ley, las familias colombianas que buscan vivienda tendrán la tranquilidad de que las nuevas edificaciones que se construyan en el país contarán con la reglamentación más rigurosa posible, entre otras ventajas.

El presidente Santos sancionó la Ley 1796 del 13 de julio del 2016, conocida como Ley de Vivienda Segura, que busca generar medidas para proteger al comprador de vivienda, mejorar la seguridad de las edificaciones y fortalecer la función pública de curadores urbanos.

Un punto fuerte de la ley es que establece la independencia de los supervisores y revisores de las edificaciones de más de 2.000 metros cuadrados de área construida, sea cual sea su uso. No obstante, en las edificaciones que cuenten con menos de esa área el constructor tiene la obligación de realizar los controles mínimos de calidad que esta ley y sus reglamentos exigen.

También, se obliga a que los curadores urbanos hagan parte de una lista de elegibles que resulte de un concurso de méritos y, a su vez, creará la Superintendencia delegada para el control de curadores urbanos.

Para el caso de los compradores, la ley establece que si dentro de los 10 años siguientes a la expedición de la certificación técnica de ocupación de una vivienda nueva se presenta alguna de las situaciones que contempla el numeral 3 del artículo 2060 del Código Civil, como ruina, el constructor o enajenador de vivienda nueva estará obligado a cubrir los prejuicios patrimoniales causador a los propietarios afectados.

Fuente: Ministerio de Vivienda.

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